jueves, 25 de abril de 2013

Pagina Electoral Por: Lic. Enrique López Sanavia,

LA LEY ELECTORAL
(TOMADO DEL LIBRO VIDA Y OBRA DE MARTE R. GÓMEZ)

 “En materia electoral, Marte R. Gómez, expresaba que su gobierno no podía inclinar la balanza en favor de un candidato postulado para un cargo de elección popular.  Sostenía  que su administración otorgaría imparcialidad y las garantías establecidas por la constitución, sin impedir el ejercicio de los derechos cívicos de la ciudadanía y de  los partidos políticos.

Al referirse a la  Ley Electoral de la Federación, indica como anécdota lo siguiente: “Recuerdo al efecto que cuando el entonces Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, decidió expedir y poner en vigor una nueva Ley Electoral, aunque no era asunto de mi incumbencia, me hizo el honor de pedirme que le diera mi opinión sobre ella.  Palabra más, palabra menos, se la di como sigue:

“Aplicando la ley vigente, nadie podrá exigir de usted un cambio radical en nuestras normas políticas; si expide una nueva legislación, en cambio, nuestra ciudadanía  esperanzada, se pondrá a esperar de ella la corrección de todos los abusos que hasta la fecha ocurren, y lo hará a usted personalmente responsable de las fallas que subsistan.  Ahora bien -agregué-, ninguna ley electoral es mejor que el electorado para el cual se dicta.  Con una ley electoral, una buena ciudadanía no tendrá obstáculos y llevará a feliz término una buena elección; con una ciudadanía deficiente, la mejor ley electoral fracasará.”

“Más o menos lo mismo dijo, en julio del año en curso, a raíz de los últimos comicios, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Secretario de Gobernación: “La  nueva Ley Electoral es superior a la de 1918, aunque cabe también recordar que no hay ley mala si se aplica bien, ni ley buena, a la inversa, si se aplica mal.”

Siempre sostuvo que:  “vivimos en México, en el mejor de los mundos y que ya no debemos preocuparnos por acometer esfuerzos encaminados a conseguir que quienes desempeñan los puestos públicos sientan con mas apremio la responsabilidad que sobre ellos mas pesa: la de vivir dentro del respeto de la ley, para hacer respetables nuestras instituciones y relativamente seguirá -puesto que la seguridad en todo lo que es la superficie de la tierra sigue siendo una quimera-  la vida en sociedad.  Pero que no se nos diga tampoco que en México carecemos de garantías, o que se viola en forma intolerable nuestros derechos fundamentales.  Los abusos y arbitrariedades en que incurren algunos de los encargados de mantener el orden, o de impartir justicia, son motivos de críticas periodísticas que van poco a poco ayudando a corregirlos.  Lo mismo ocurre con las arbitrariedades regularmente imputables al caciquismo, que es otra de las lacras que nos afligen y que lentamente vamos eliminando.

Apuntó sobre las garantías de los gobernados que: “En el ámbito nacional se clama a veces contra la legislación que castiga el delito de disolución social, acusándolo inclusive de que es violatoria de nuestras garantías constitucionales.  Pero tampoco faltan, y por lo que se mira constituyen mayoría, quienes piden que el poder público ponga coto a los actos de violencia que, a espaldas de la ley, con perjuicio de los más, ejecutan personas que, sin atreverse a declarar abiertamente que tratan de cambiar el orden de las cosas imperante, se proponen atemorizar al gobernador para que de muestra de debilidad y, una vez debilitado, suplantarlo.

A su juicio personal, el hombre de la calle, “que ve las cosas como particular, desde fuera del gobierno -y ésa es la situación en que yo me encuentro-, no le queda ante estos problemas mas alternativa que la de escoger cualquiera de los términos de un dilema: aceptar, en aras de la libertad, para conjurar el peligro de que ésta se nos limite, que el poder público nos imponga el respeto a la ley, que en la medida en que esta protege el derecho ajeno es también la paz; o luchar porque se nos de goce pleno de toda clase de prerrogativas -inclusive la de imponerle nuestro capricho a los demás-, para liberarnos de los posibles abusos de los encargados de manejar la cosa pública, o de impartir la justicia, o de guardar el orden, puedan cometer en perjuicio nuestro.

Sostenía en lo que toca a la ciudadanía que: “Por mi parte, me produzco resueltamente por la primera alternativa.  Sobre todo, porque los mexicanos somos afortunadamente ciudadanos de un país en el que las disidencias contra el Estado no se castigan con el mismo rigor que en otras naciones.

Sobre la elección presidencial, señala que:” Una de las esperanzas a que con mayor fervor nos acogemos es la de una vida democrática que no esté sujeta a críticas, como no lo está según repetidamente hemos asentado aquí, cuando se trata de la elección presidencial.  Con ello no negamos, empero, que en los escalones inferiores, es decir, para puestos menos importantes que la Suprema Magistratura, como son los gobernadores de los Estados que por el número y la calidad de sus habitantes no se hacen oír con voz perceptible en el centro del país, nuestro pueblo está consciente de que todavía se cometen abusos electorales y, con sus comentarios al desaprobarlo, hace sentir el deseo de que se corrijan”.           

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