“UN
NUEVO LENGUAJE CIUDADANO.
(Tomado del libro
EPITOME ELECTORAL, del autor Enrique López Sanavia)
“No deis sutilezas, sino lo que demanda la
ciudad”
Eurípides
INTRODUCCIÓN
La función gubernamental ha producido un mundo de información de interés público.
En antaño, esa información oficial, la
mayor de las veces controlada, hizo nugatorios los derechos inherentes de la
sociedad civil y consecuentemente impidió
la evolución de la participación ciudadana, al grado tal de
convertirla en una estructura de
conformismo y pusilanimidad de reclamo, incrementando su pobreza no solo económica, sino pobreza cívica educativa y culturalmente hablando.
Bajo ese antecedente sociológico, si el
pueblo estaba desinformado o si se le mantenía desinformado, era porque
así lo quería. Se generan así, verdades a medias, información
incompleta, datos omitidos e
irrelevantes y noticias falsas sobre la
administración pública. Este estado de
cosas, consentido por necesidades, intereses e involuntariedades, va
desencadenando un ambiente de
oportunismo, arbitrariedad,
ineficiencia, irresponsabilidad, impunidad y corrupción gubernativa. La
práctica consuetudinaria de
ilegitimidades e interpretaciones tergiversadas
abate los principios de ética y
probidad en la función pública.
Pero los tiempos cambian y la sociedad civil cambia por su dinámica natural. El pueblo
observa pacientemente y se cansa de su
postura radical abstencionista, despertando su “fuerza de manera violenta y temible,
porque se halla libre y sin freno” como argumentaba Cicerón, provocando
modificaciones de conducta participativa y la conformación de normas reguladoras que empiezan a abrir y ensanchar los caminos idóneos y clarificados de la gestión gubernativa
Vigente la Ley de transparencia y acceso a la información,
los mexicanos, pero aquellos mexicanos
atentos al buen uso y aplicación de los recursos públicos, la rendición
de cuentas, la adopción de un código de
ética y probidad administrativa, habrán
de sumar esfuerzos para hacer factible
su aplicación y observancia general, porque tendrán el arma de la vigilancia en
la actividad del Estado. El conferirle
a la ciudadanía el ejercicio de libertad y el derecho de
acceso a la información de la gestión
administrativa, creemos que habrá de producir buenos frutos a nuestra
nación.
Empero, otro factor social se debe de impulsar: la
educación e instrucción cívica y la
reeducación de los valores éticos y nacionalistas, como un sustento básico para garantizar la vinculación de pueblo y gobierno y la medida de transparencia de la información y de la
gestión gubernativa, “aún cuando los ciudadanos no estén en capacidad de
controlar a los gobiernos, obligándolos a seguir sus mandatos, podrían ser
capaces de hacerlo si pudieran inducir a los gobernantes electos a aceptar que
tendrán que dar cuenta de sus acciones pasadas” como lo afirma Adam Przeworsky. (1)
“La transparencia es el pacto de honradez
entre el político y los ciudadanos”.
Fernando Savater.
En un régimen
democrático, la transparencia y la
gestión, son dos conceptos inseparables.
Estos factores derivan automáticamente
una serie de derechos y deberes para
gobernantes y gobernados, con un
propósito común: que la función pública deje de ser pesadilla para convertirse
en punto de equilibrio y convivencia social.
La transparencia es obligación y derecho. Considerada
como “obligación legal y ética que tiene
un gobernante de informar al gobernado sobre como ha utilizado el dinero y
logros recursos que le fueron dados por
el pueblo para emplearlo en beneficio del pueblo gobernado y no en provecho de
los gobernantes en turno” como sostiene Ángel González
Malaxecheverría, o bien como la
concibe la Norma Peruana de
Control Interno, al precisar que es “el deber de responder públicamente por la
eficacia en la gestión y resultados” y “como el deber de los funcionarios o
empleados de rendir cuenta ante una autoridad superior y ante el público por
los fondos o bienes del Estado a su cargo y/o por una misión u objetivos
encargados y aceptados”.
La transparencia considerada como un derecho, se surte porque la ciudadanía y
la colectividad toda, debe tener
conocimiento de los actos públicos. Conocimiento que en éstos tiempos, no debe ser
incompleto, porque se distorsiona la verdad de la administración
gubernativa. Ese derecho a la información habrá de mejorar la capacidad,
responsabilidad y honestidad de los servidores públicos, siempre y cuando se
desarrollen sistemas eficaces de control, accesibilidad y
evaluación por parte de la opinión pública,
bajo la idea de que la
transparencia no burocratice ni enmarañe a la función pública.
Tender a una sana
administración pública, debe ser misión
de las entidades gubernamentales, para que
las personas conozcan sus
derechos, ubiquen los lugares de información, encuentren los mecanismos para
presentar quejas y denuncias, así como, sepan de los procedimientos para llamar
a cuentas a los servidores públicos que ejercen la gestión pública, entendida
como la capacidad de administrar correctamente el uso de los recursos que le
son confiados.
Una gestión pública,
requiere de una estructura operativa, de programas bien definidos, de normas actualizadas, de profesionalización
en la función pública, de controles preventivos, de evaluación de rendimiento,
de estimulación a la honestidad, rendición de cuentas, pero sobre todo, de una
comunicación con la ciudadanía mediante el establecimiento de información
continua y transparente. De ésta forma se mejorará la calidad del servicio
público y dejará de existir el clima social de engaño que todo se mide en
función del dinero y del poder, perdiéndose la referencia humana.
“El deber horizontal y vertical de responder,
constituye un
deber personal e
intransferible, de rendir cuenta y brindar
diligentemente
información sobre sus actos y decisiones”
Guillermo O’Donell
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA
¿Que es lo que quiere el pueblo mexicano, ante el escenario difícil que vivimos, donde
campea la inseguridad jurídica, molesta la corrupción que se familiariza con el
sistema establecido y crece escandalosamente la desconfianza social.
Los grupos sociales quieren en principio, respeto y verdades públicas. Anhelan que se les mantenga informado de manera real y completa
de los actos gubernamentales, por
que de esa forma disipan dudas y están en posibilidad de coadyuvar en el
combate frontal de los latrocinios al
erario público, del negocio maquinado de
algunos que detentan el poder; de la
deshonestidad y falta de ética de servidores públicos que aparecen en todas
las esferas y en todos los tiempos.
Pero el derecho a
la información, debe ser letra viva,
ejercitarse en todos los sectores para ir
creando un nuevo ciclo de
credibilidad ciudadana, donde las
cuentas claras hagan resurgir los valores extraviados y sea factible retomar la educación cívica
y cultura de respeto, la probidad, el honor, la ética gubernamental, elementos éstos que hemos distraído al
empantanarnos en demagogia, desinformación, corrupción, iniquidad,
desigualdad social y abstencionismo.
Bajo esa perspectiva, el
acceso a la información conduce a la transparencia y ésta endereza el
rumbo hacia la verdadera transición a la
democracia, misma que debe ser
considerada, como una construcción humana sin defectos, porque la fuerza de la
democracia depende de la madurez de la
comunicación y de la participación de
sus ciudadanos.
“Toda persona tiene el
derecho de acceso, en condiciones
de igualdad, a las
funciones públicas de su país”.
Declaración Universal
de los Derechos Humanos
NORMATIVIDAD
INTERNACIONAL
El hombre, “una concreta estructura de valor” como
sostenía Recanséns Siches, por el hecho de serlo, consciente o inconscientemente, aspira a un
ideal supremo que es la felicidad. En su
determinación por alcanzarla, se fija
metas y propósitos, los que dependiendo
de sus virtudes, aptitud y vocación, logra
armar y afianzar su propia personalidad,
aproximándola a la axiología de la vida.
Cada cual
escoge y disfruta de sus metas y medios, apoyado en toda una
serie de libertades subjetivas y objetivas, bajo la lupa de que el “hombre es
fin de sí mismo, no medio para fines ajenos”, según lo expresaba Enmanuel Kant.
En esa perspectiva, el derecho como
instrumento viable del Estado, pone un
tope a las libertades de toda naturaleza,
encauzando de esa forma, la
interacción de los hombres que viven en sociedad, en un clima de respeto a su
dignidad como personas que son. De ese disfrute de libertades, se presenta también el derecho de
información.
Momento histórico importante, inicia con la era de
reconocimientos hacia los derechos humanos hace dos siglos. La Declaración de
Derechos del pueblo de Virginia,
marca un precedente fundamental
en la independencia de los países latinoamericanos, por el reconocimiento de
prerrogativas connaturales a la persona.
Los representantes del pueblo
francés, constituidos en una Asamblea
Nacional, exponen argumentos sólidos en beneficio de los derechos intrínsecos, inalienables y sagrados del
hombre, emitiéndose de esa forma, la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789.
Enarbolando un principio universal, inherente del hombre
y de la sociedad, se reconoce y declara que “Los hombres nacen y permanecen
libres e iguales en derechos” (2), cuyos límites son los que determina la Ley,
sin afectación de derechos de los demás miembros de la colectividad. El
sustento de ese dogma genera derechos de “la libertad, la propiedad, la
seguridad y la resistencia a tal opresión”, según se establece en su
articulado.
La protección internacional de los derechos del hombre,
se materializa en la norma, el 2 de mayo
de 1948, cuando en Bogotá, Colombia, los
pueblos americanos celebran la Novena Conferencia Internacional Americana y
adoptan la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
proponiendo la dignificación de la
persona humana, precisándose medidas y circunstancias que le “permitan
progresar espiritual y materialmente para alcanzar la felicidad”. (3)
Se insertan entre
otros derechos y deberes el de libertad
de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por
cualquier medio; de recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos,
como de obtener pronta resolución a sus peticiones, etcétera.
Redoblando esfuerzos en esa misma latitud, la Asamblea General
de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, aprobó y proclamó “La Declaración Universal
de Derechos Humanos”, misma que recomendó a todos los Estados miembros que trataran de procurar que “fuese divulgada, expuesta, leída y
comentada, principalmente en las
escuelas y demás establecimientos de enseñanza, sin distinción alguna, basada
en la situación política de los países o de los territorios” (4)
En su texto, se estatuye de manera singular, que todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona, sin discriminación alguna, teniendo derecho a la libertad de
pensamiento, de opinión y expresión, a
la educación gratuita, al menos en la instrucción elemental que será
obligatoria.
El 15 de diciembre de 1959, se aprueba la resolución
legislativa No. 13282 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobándose que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión.
En la Conferencia Hemisférica
sobre Libertad de Expresión en México, se adopta la Declaración de Chapultepec
el 11 de marzo de 1994, estableciéndose como principios básicos, el que “2.-
Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar
opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos
derechos. 3.- Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a
disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información
generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a
revelar sus fuentes de información”.
“1.-
Toda parte alentará a las entidades a que indiquen las condiciones incluidas
las que se aparten del procedimiento competitivo de licitación o del principio
de acceso al procedimiento de impugnación, en las que admitirán ofertas de
proveedores de bienes o servicios situados en países que, aunque no sean partes
en el presente Acuerdo, para dar transparencia a sus propias adjudicaciones de
contratos:
a).-
Redacten sus contratos ajustándose a lo dispuesto en el artículo VI
(especificaciones técnicas).
b).-
Publiquen los anuncios de contrato a que se hace referencia en el artículo IX e
indiquen, en la versión del anuncio a que se hace referencia en el párrafo 8
del artículo IX (resumen del anuncio del contrato previsto), publicada en uno
de los idiomas oficiales de la OMC ,
los términos y condiciones en que se aceptarán las ofertas de proveedores
situados en países que sean partes en el presente Acuerdo;
c).-
Estén dispuestos a asegurarse de que sus reglamentaciones en materia de
contratación pública normalmente no sean
modificadas en el curso de una contratación, y que en caso de que su modificación sea
inevitable, garanticen la posibilidad de recurrir a un medio de resarcimiento
satisfactorio.
2.-
Los gobiernos que, sin ser partes en el Acuerdo, cumplan las condiciones que se
detallan en los apartados a) a c) del párrafo 1, tendrán derecho, una vez que
hayan informado a las partes, a participar como observadores en las reuniones
del Comité.”
Con éste basamento jurídico internacional, que no solo
sirve de guía para observar los derechos
libertarios de las personas, sino para consolidar
su primacía sobre la legislación común, se deriva el derecho de acceso ciudadano tendiente a la información generada por el sector público,
para estar en posibilidad plena de
expresar su opinión y divulgarla
libremente. No solo se obtiene
información sino que se pone freno a la incorrecta gestión pública y a la
transparencia de los recursos.
“No puede haber orden
sin autoridad”
Hobbes.
NORMATIVIDAD
CONSTITUCIONAL
El Estado de
Derecho, como forma de organización política que reconoce derechos humanos y
toda la actividad gubernamental se encuentra sometida por la norma jurídica,
tiene una diversidad de obligaciones para con sus gobernados. Debe garantizar
la aplicación irrestricta de la ley, su respeto por sobre todas las cosas, las
libertades individuales y colectivas, la seguridad y certeza jurídica y en un plano de ética en la gestión pública, el derecho a la
información. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 6º. establece categóricamente que “el
derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Esa base jurídica, garantiza a todos los mexicanos, un
derecho de acceso a la información pública. Un pueblo desinformado es un pueblo
opaco, sin identidad, sin nacionalismo, donde la cultura del secreto, el manejo
discrecional informativo, la oscuridad de los procesos de licitación y
evaluación, sientan sus reales y se cometen a la luz del día los mayores
asaltos al erario, los abusos y atropellos, los privilegios y favoritismos
ilegales y la corrupción organizada.
A todos sin excepción alguna, nos concierne
luchar por una sociedad que
adopte prácticas transparentes e íntegras, donde los servicios públicos se
desarrollen sin demagogia, sino ejercerlos con entera responsabilidad, eficacia,
eficiencia y calidad, sin lesionar los valores colectivos e
individuales.
El día en que la transparencia de la información constituya una realidad y esté disponible a la ciudadanía, ese día
lograremos iniciar un primer paso hacia
una cultura de transparencia. Será el momento de cuentas claras
y eficientes, creciendo de esa
forma la confiabilidad en la política
y programas que la sustentan. Ese día,
estaremos preparados para mejorar los
sistemas de evaluación gubernamental, dado que se estimulará la mejoría de la gestión
pública.
La enérgica voz colectiva y la voluntad del pueblo, representado y no
representado democráticamente, han abierto la administración al crear una ley
reglamentaria del artículo 6º. Constitucional. Se erige la Ley Federal de
Acceso a la Información Pública, como un
instrumento jurídico que
informa de las acciones del gobernante y con ello coadyuva en el combate
contra la corrupción, la ignorancia y la penumbra de los actos públicos.
Paralelo a ella, debieran de instrumentarse en todos los Estados de la
Federación, leyes análogas, bajando esa normatividad a las regiones de la república, con el
propósito supremo de sumar esfuerzos de edificar una administración abierta
imbuida de transparencia que rescate la
confianza de la ciudadanía y la
credibilidad hacia la gestión pública.
Si el derecho de
información, reconocido constitucionalmente, debe considerarse como un bien público y consecuentemente como
un derecho del nacional mexicano, la creación de La Ley Federal de Acceso a la
Información Pública, sustancialmente preservará y garantizará su
ejercicio, de manera completa, veraz,
adecuada y oportuna.
Este derecho, accesible a cualquier persona, en tanto no
sea información reservada o de seguridad
pública, permitirá saber, conocer y recibir la información
pública, creada, administrada o que esté en posesión de los poderes
federales, órganos autónomos, entidades de interés público, partidos y organizaciones políticas, personas físicas o morales de derecho
público y privado que en su auxilio ejercen gasto público.
En esa virtud, “toda información en poder de los órganos,
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere
reservada”, dando origen a un procedimiento instruido ante los órganos,
quienes deberán tener una oficina para la atención de las solicitudes de
información, incluso de informes y datos sobre los servidores públicos. Es de
destacar que la persona no está obligada a demostrar su interés y la autoridad no debe indagar sobre el fin
que se le pretenda dar a la información.
La metodología
para acceder a la información, es
muy simple. Ante la presentación de un escrito o petición verbal, procede su registro y en un plazo no mayor de diez días debiera de
entregarse la información, de manera gratuita o copia del dato, informe o
consulta, salvo que arrojando un costo
se cobrará su derecho de acuerdo a las
leyes fiscales. Empero, si la información está disponible en medios impresos,
se le hará saber al solicitante, para
que investigue por su cuenta y logre tener acceso.
La información puede negarse por las causas que prevenga
la ley, pero la resolución nugatoria,
debe fundarse y motivarse, para que el afectado haga valer el recurso de
revisión ante la instancia del órgano que niega proporcionar la información,
sin menoscabo de recurrir a otras instancias. La negativa no significa silencio
administrativo, toda vez que éste constituye un acto de negligencia que es
sancionado.
En esas condiciones, quedan atrás con ésta Ley, actitudes
de desinformación, subinformación, mala información e información frívola, que
tanto daño han causado, lo que equivale un ascenso administrativo la erección
de éste proceso de transparencia de la gestión pública. Creemos que con la
participación ciudadana que denuncie las actitudes referidas, concluirá una
etapa de información confusa, restringida, sustituida, indebida e irrelevante que
solo desorientó a la opinión pública.
“Formar ciudadanos no
es cuestión de un día y para
formar hombres
hay que instruir a los niños”
Rosusseau
FORMACIÓN
CIUDADANA
La educación permite transformar al hombre. El hombre
obtiene formación ciudadana cuando recibe educación, valores morales y
cultiva virtudes personales y
colectivas. De ésta manera, el hombre se transforma en ciudadano.
Educación y más educación, es lo que requieren los
mexicanos, para alcanzar una cultura
democrática donde prevaleciendo su activa participación, pugne porque su calidad ciudadana sea más responsable, previsora
y obediente de las bases jurídicas que definen estándares de conducta y una mayor definición en su
actuación cotidiana.
En el tránsito de la democratización nacional, la
ciudadanía debe cumplir con dos
vertientes sustanciales: su compromiso político como persona y su ilustración
democrática. Compromiso, de adoptar una
conducta de debido respeto y la adquisición de conocimientos que despierten su interés hacia
su identidad para con la colectividad; ilustración, adquirida por el ciudadano
dentro del terreno de la educación básica, educación cívica y cultura política,
que como instrumentos necesarios,
estimulan la comprensión de los actos públicos. Al final, el ciudadano obtendrá una singularidad
potencial, ubicándolo como ejemplo imitativo, según el
psicologuismo sociológico.
En ese contexto,
la formación ciudadana en materia electoral, se surte por la
vertiente de la capacitación electoral
(que va encaminada a preparar a los funcionarios que participan en la
organización y desarrollo del proceso electoral) y la educación cívica (que se extiende a la población en general, educando o
instruyendo cívicamente o por vía de la
cultura política a todos los ciudadanos
presentes y futuros).
“Quien tiene el ansia
de subvertir el orden social
sino el que más sufre
de la condición actual”
Tomás Moro
Los artículos 3º y
31 fracción I Constitucionales, prevén que la educación básica es obligatoria,
misma que debe garantizar el Estado. Esta disposición constitucional se valida o valida a la norma internacional
que también garantiza el derecho de las
personas no solo a la instrucción
elemental obligatoria, sino su gratuidad.
Entonces, si el cultivo de la virtud en sus ciudadanos es
la primera obligación del Estado,
deben éstos proceder a encontrar
la verdad del conocimiento, sumando los
esfuerzos individuales y colectivos hasta
generar en el proceso enseñanza-aprendizaje el medio y
sustento para entender la gestión pública, concebida ésta como la capacidad de aplicar recursos en
un buen esquema de administración
gubernamental.
Empero si no se materializa el programa de educación
elemental, si se lleva a cabo deficientemente por parte de los instructores o
si el conocimiento es tan restringido que se dicen verdades a medias, no será
factible minimizar el analfabetismo, ni se bajará el índice de personas carentes de tan primordial apoyo
cognoscitivo, ni mucho menos se pugnará por erigir una nueva cultura política
para transparentar la función pública, constituyendo así una identidad
nacionalista propia.
Es la información, en el nivel primario, un instrumento toral para alcanzar la meta del
real ejercicio de ese derecho. No son
suficientes los programas escolares ni planes institucionales establecidos, sino que se requiere garantizar el derecho de
información y promoverlo por parte del
Estado, entendido como un nuevo
principio básico de funcionamiento
gubernamental. Así, se fijará un régimen de transparencia, donde el
servicio de la administración pública sea abierto a la ciudadanía, donde las acciones y toma de decisiones que realice
y adopte, respondan permanentemente a
la gestión conferida.
Si cumplimos con esa noble tarea educadora, con calidad
académica y seria responsabilidad, quedaran rezagadas en el futuro, los fenómenos de la ignorancia, del
abstencionismo y de la desinformación educacional.
“La instrucción es
liberadora: es un derecho
para el hombre y un deber para el Estado”
Condorcet
El artículo 31 fracción
II Constitucional, no se cumple
plenamente, en lo que respecta a la instrucción cívica. Los mexicanos, inobservamos el derecho de
pedir la y la obligación de recibir ésta
prerrogativa constitucional. Con esa actitud despreciativa, la instrucción se merma no obstante que es
necesidad de todos, como también se merma el sentido legislativo de que el ciudadano desarrolle armónicamente sus facultades y
contribuya al mejoramiento de la colectividad y de la
convivencia social, sustentada en
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los mexicanos.
Mientras no se materialice ese derecho y esa obligación,
vigente pero no positiva, la que aisladamente aparece en periodo de elecciones
cuando los actores del proceso la desarrollan levemente, seguirá subsistiendo
el desinterés y desgano por la ilustración democrática, originándose la consecuente falta de respeto a las autoridades,
instituciones y valores democráticos, a
la bandera, al himno y al escudo
nacional, retrocediendo en “el amor a la patria y a la conciencia de la
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia” (5).
Solo un programa específico de instrucción democrática y
nacional, que incluya elementos de moral
y educación cívica, donde se funde en
compromiso de todos y se proyecte hacia
un porvenir mejor, nos ayudará en
el aseguramiento de “nuestra independencia económica y a la
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura”.
En éste inicio de milenio, México entero requiere de una
aplicación extensiva e intensiva de instrucción cívica, cuyo objetivo sea la educación y reeducación en serio del
civismo, haciéndola dinámica y cultivar
el espíritu a base de reglas de conducta, ideales, tradiciones, costumbres,
valores y un sentido de responsabilidad ciudadana, constituyendo como meta
la grandeza de la cultura nacional.
La información clara, completa y verídica juega un papel
muy importante en el proceso de la educación cívica, dado que éste elemento
social incrementa la participación ciudadana. En ese contexto, si no se informa
al pueblo de los sucesos políticos o se le desinforma, le crea confusión y mina
el desarrollo de su capacidad, madurez e identidad nacional; igual evento
acontece, si no se difunde generosamente
la instrucción cívica, entonces
crece vertiginosamente el abstencionismo y todos sus efectos de ineficiencia.
Por ello, se impone formular y realizar planes de cultura democrática que rescaten la fuerza potencial de mujeres y
jóvenes, quienes representan estadísticamente, el mayor porcentaje de la
población.
La Constitución Federal y el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales,
contienen disposiciones de orden público, concernientes a que los
partidos políticos como entidades de interés público deben “coadyuvar al
desarrollo de la vida democrática y de la cultura política de los mexicanos”, así como la
“creación de una opinión pública mejor informada” (6)
Susodicha normatividad, constituye legalmente el
Instituto Federal Electoral, como depositario de la autoridad electoral y
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones
federales. En los Estados, las Constituciones Políticas Locales y los Códigos
Electorales reglamentarios, homologan sus criterios al crear institutos ciudadanizados cuyo
objeto es organizar y vigilar las
elecciones de cada entidad federativa
fijando entre sus fines el
“contribuir al desarrollo de la vida democrática” y “coadyuvar a la difusión de la cultura
democrática”, consiguientemente, tener injerencia en la sociedad al ser
copartícipes de promover la educación cívica
entre la ciudadanía, incrementando su participación activa y en el
ejercicio de acceso a la información electoral.
De igual forma, la Ley de Participación ciudadana (7) que
fomenta, promueve, regula y establece los instrumentos que permiten la
organización y funcionamiento de la participación ciudadana y su relación con
el aparato gubernamental, conforma el plebiscito, el referéndum, la iniciativa
popular, la consulta vecinal, la colaboración vecinal, las unidades de quejas y
denuncias, la difusión pública, la audiencia pública y los recorridos de los
presidentes municipales.
El Estado, mediante la difusión pública, instrumentará de manera permanente un
programa informativo de leyes y decretos federales y locales, para que los
habitantes se encuentren debidamente informados, además de los actos
administrativos de carácter general, por lo que
en caso de dudas, observaciones y comentarios que la ciudadanía
formule, la autoridad hará la contestación respectiva. La Audiencia pública
también genera “información con relación a determinadas actuaciones”
gubernamentales a favor de la propia ciudadanía.
Solo los ciudadanos instruidos cívicamente, no dudarán
en ejercer su derecho de acceso a la información gubernativa, cuando
ésta sea real y confiable, que asegure
una correcta gestión y administración pública, el uso transparente de recursos
y la rendición de cuentas libre de sospecha.
“La Corrupción es un vicio
de los hombres, no de los tiempos”
Séneca.
EL CONTRAPESO DE
LA CORRUPCIÓN.
El cultivo del espíritu humano, la elevación de los
valores, la solidaridad y corresponsabilidad social, como excelsos ideales de la persona,
constituyen el contrapeso de los males e irregularidades administrativas. Esta cultura
de vigilancia y evaluación, deviene de un aprendizaje originado por las
buenas costumbres e idiosincrasia que han sido heredadas de generación
en generación, producto de educaciones
familiar, básica y cívica. Estamos ciertos que ello se traducirá en valores
éticos del servicio público, como son
“la integridad, la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia, la
transparencia de la gestión, la receptividad, la responsabilidad profesional y
el servicio de los ciudadanos” (8) como
apuntan los españoles.
De tal forma, que la integración de una cultura ciudadana rica en educación cívica, política o
democrática debe estar orientada a la evaluación de las políticas públicas. Si
los actos son ejecutados con entera legalidad,
se extenderá la cultura de la legalidad en toda la sociedad. Si se
garantiza y promueve el derecho de los ciudadanos a la información gubernativa, se abre la posibilidad de requerir a la
administración de todos sus actos, traduciéndose en una obligación de dicho conocimiento a la opinión pública, para que los valore
permanentemente. Por ello, no solo es válido permitir el acceso a la
información, sino promoverlo como una
moderna herramienta del Estado para su
transparente funcionamiento.
Debe imperar el principio
de probidad administrativa a efecto de obtener la observancia de conductas intachables y el desempeño honesto
y leal de la función publica encomendada, fijando un catálogo de normas de
conducta que contenga las causas de inhabilidad para ingresar a la
administración del Estado. De esa manera, se luchará contra la fuerza de la
costumbre y habituamiento que es un estilo de vida equivocado, porque conduce a conductas de corrupción, uso indebido de
información reservada o privilegiada, tráfico de influencias, emplear bienes de la institución en
provecho propio o de terceros, ocupar
el tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal en beneficio propio o
para fines ajenos a los institucionales, solicitar o aceptar donativos,
ventajas, regalos o privilegios, intervenir en asuntos en que se tenga interés
personal, omitir o eludir la propuesta pública, contravenir los deberes de
eficiencia, eficacia y legalidad, con grave entorpecimiento del servicio o del
ejercicio de los derechos ciudadanos, utilizar bienes, vehículos y recursos en
actividades políticas, sustraer bienes,
etc. etc.
Para terminar con la era y la falta de probidad, es preciso que no solo el
Estado sino todos los actores del sistema político, impulsen la participación
ciudadana conjunta y solidaria, para que ésta le dé transparencia a la gestión
pública y contribuya a eliminar el fenómeno de la corrupción que es un atentado
grave a la administración estatal, en la
medida en que el servidor público deliberadamente transforma el interés público
en interés particular, contraviniendo el principio de probidad
administrativa.
Ron Scheman, (9), ha sostenido que “el sistema mexicano
ha sido identificado como una de las mejores prácticas existentes para mejorar
la transparencia y eficiencia en las compras del Estado”. Bajo esa
conceptuación, se deben ensayar todas
las prácticas para fortalecer las relaciones entre gobierno y sociedad,
asegurando transparencia, apertura y participación, para evitar que la
corrupción avance y mine los cimientos del Estado de Derecho, mine la capacidad
del gobierno por resolver los problemas colectivos y se inicie con la creación
de una cultura de transparencia, donde terminen las violaciones de derechos
humanos, maltrato y deficiencias en la atención de los servicios públicos,
violación de derechos de consumidor, etc.
Que ha hecho la
Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para colocarse en un
plano de vanguardia en la transparencia de la gestión pública. En el año 2001, la SECODAM , creó una Unidad
especializada, cuyo objetivo fue buscar los mecanismos para que la sociedad se
una al gobierno y juntos crear una
cultura de la transparencia. Con ese sustento, coadyuva en las acciones y estrategias siguientes:
- Convenio
de colaboración con
- Convenio
de compromiso para elaborar y aplicar un Código de Conducta sobre ética
profesional en la ejecución de obras públicas con la Federación de
Colegios de Ingenieros Civiles de
- Cursos
de “Control de Procesos e Información Directiva” para contralores del
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE)
- Convenio
con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, para difundir
información vinculada con las mejores prácticas de transparencia
financiera.
- Apoyo
al programa Municipios por
- Talleres,
paneles y concursos sobre medir la corrupción, códigos de conducta,
programas de integridad, prevención y combate a la corrupción a nivel local,
la educación cívica como herramienta para combatir la corrupción,
transparencia y corrupción en México, etc.
Estas actividades, son una minúscula parte de la
participación global que hay que realizar en México, en aras de elevar una
cultura ciudadana generalizada. Es
compromiso de pueblo, gobierno, partidos políticos, organizaciones no
gubernamentales, organismos electorales, universidades y agrupaciones civiles,
el ir sentando las bases para modificar
la conducta y la conciencia actual,
hasta crear otra mentalidad ciudadana
dinámica, que apoyada por la
educación cívica y cultura se logre
conformar una nueva cultura de respeto y tolerancia, de democracia, de tránsito, de seguridad
pública, del cuidado de nuestro vital líquido, flora y fauna, una cultura de
limpieza, de ética y probidad administrativa, de transparencia, vigilancia y
evaluación en la gestión pública y porque no de revocación de mandato.
CONCLUSIONES
- En
México y en todas partes de su territorio, se impone que se proporcione la
información de manera permanente, completa, expuesta en un lenguaje comprensible, claro e inequívoco,
que se encuentre al alcance de todos, para acabar con el
ciclo cerrado de la desinformación, subinformación o información tergiversada o falseada que ha sido hábito heredado.
- En
ese contexto, el Estado, amerita garantizar plenamente el
acceso a la información,
promoviéndolo como un nuevo
principio sustancial de la administración pública.
- Es
preciso profesionalizar a los
servidores públicos, mediante un sistema de servicio civil de carrera que
se instaure de manera permanente,
incluyendo el aprendizaje y
ejercicio de los valores cívicos, con el firme propósito de que la función pública sea más competitiva y tenga una demostrada calidad de servicio.
- Impulsar
de esa forma una cultura de
transparencia en la gestión pública, mediante la formación de un Código de Ética o Probidad
Institucional de carácter obligatorio, porque la responsabilidad no debe
tener límites ni ser relegada por nadie.
- En
ese sentido, es preciso fijar mecanismos
eficaces de participación ciudadana, donde repunte una nueva
conciencia proba del ciudadano,
como proyecto, misión y visión de nuestra nación mexicana.
- De
esa forma el implementar y mejorar
las leyes de participación ciudadana,
difundiendo cultura sobre el referéndum, plebiscito, iniciativa y
consulta popular, revocación de mandato, audiencia pública y demás figuras jurídicas que prevean las leyes de la materia,
podrá alcanzarse la vinculación y apoyo entre pueblo y gobierno.
- Finalmente hay que mejorar la probidad gubernativa mediante sistemas de evaluación periódica, para abatir el fenómeno de la corrupción que irrita, nos asfixia y aniquila, donde el abuso del poder, la mentira, la prebenda y el amiguismo hacen estragos nuestra esencia democrática, sobremanera porque estadísticamente México tiene una calificación reprobatoria ante sus reiteradas actividades de corrupción (11). Lograremos el mejoramiento público, político y social, cuando consolidemos una seria participación ciudadana y forjemos una nueva identidad nacional donde reine como fuerza y freno a la gestión pública equivocada y las acciones y omisiones fuera de la ley por parte de todos los involucrados.
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