jueves, 12 de noviembre de 2015

Linea ágata Francisco Pucheta,

Canturosas, alcalde con más derrotas legales acumuladas  
                   Por Francisco Pucheta González

Rijoso con la justicia, pendenciero con la ley, el alcalde de Nuevo Laredo Carlos Canturosas se doblega, recompone y acepta sus responsabilidades, sólo para demostrar que el gobierno del cambio ´´cumple´´, sí, pero con las ejecutorias de amparo interpuestas en su  contra por las atrocidades cometidas contra instituciones y particulares.

Todas las pierde.
Efectivamente, el edil ha perdido todos los casos en que se ha involucrado y el más resonante de ellos fue el de Benigno Raúl Gutiérrez Méndez, el ex contralor municipal exonerado por el Tribunal Fiscal por infundios que trascendieron a la opinión pública pese a que se trataba de una acusación sin sustento de carácter reservada y sujeta a investigación.

Sobre el asunto intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emitió un acuerdo para poner a estudiar sin excepción desde el alcalde hasta los funcionarios de primer nivel, temas relacionados con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

También destaca de manera muy preponderante el asunto del abogado Juan Fernando Miranda Macías que ganó el amparo contra el municipio por presunta incompetencia del  jurista para litigar contra esa entidad en los líos en que está envuelto CCR.

En este caso Miranda Macías demandó y obtuvo el amparo y protección de la justicia federal contra actos del presidente municipal de Nuevo Laredo y de otras autoridades por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales y garantías establecidos en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El revés contra los señalamientos del secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal, Daniel Tijerina Valdez lo compartió con Canturosas Villarreal, que fueron los orquestadores del caso que involucró al reconocido abogado Miranda.

Otro escándalo que abrió la Caja de Pandora fue el sonado Caso Silao donde en una tramposa y arbitraria acción del alcalde se revocó el Decreto No. LVIII-868  del 4 de noviembre de 2004 para despojar de un bien inmueble a los señores Ernestina Acevedo viuda de Garza y a sus hijos Fernando, Rodolfo y Ramiro Garza Acevedo.

El pleito se fue a los altos tribunales de justicia del estado que decretó el beneficio de la ley para las víctimas.   

Se ameritó también la intervención del presidente de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, diputado Francisco Javier Garza de Coss, que conminó a CCR a remediar el problema de los Garza-Acevedo de forma inmediata y a reponer el error, producto del desconocimiento o la ignorancia de su equipo de asesores y el cabildo completo.
 No conforme con la serie de latrocinios que lo tiene marcado como arbitrario e intransigente, CCR volvió a invadir unos terrenos propiedad de Juan Rojo donde pretendía construir una estación de bomberos.

La denuncia de la nueva víctima motivó que la administración municipal volteara a verlo, se negociara un arreglo y se frenara el escándalo.

Por todos los desatinos y abuso de autoridad en que ha incurrido el munícipe, el abogado Jorge Luis Miranda Niño apeló a la aplicación de la Ley de Responsabilidades contra Servidores Públicos del Ayuntamiento que le repercute al Presidente Municipal basado en el artículo 192  de la ley de la materia.

En términos específicos de la ley se anota: ´´requiérase al Presidente Municipal, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene cumplir con la ejecutoria bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de sus colaboradores.

Miranda Niño advirtió que remitirá los autos del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Colegiado para que sean separados de los cargos que ostentan los principales servidores públicos municipales.



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