LUIS ARMANDO VARGAS TORRES- EL INQUISIDOR,

COLEGIACIÓN PROFESIONAL OBLIGATORIA                                               EL INQUISIDOR  

LUIS ARMANDO VARGAS TORRES.

El pasado mes de enero varios senadores maliciosa y sesgadamente en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA firmada en el pacto de San José en Costa Rica, propusieron un proyecto de decreto de ley que permitirá que varias profesiones obligatoriamente deban colegiarse y certificarse permanentemente.

Profesiones  que inciden directamente en materia de la seguridad nacional, en la seguridad u orden públicos, para proteger la salud o moral pública o derechos y libertades de los demás. Obvio que el Estado lo determinará.

Esto es excelente, sobre todo para las profesiones de abogados litigantes del poder judicial, periodistas, asociaciones religiosas, médicos, economistas y todas las que caigan en esos rangos, para profesionalizarles y dignificarles.

Esto permitirá que se conduzcan con ética, garantizando su profesionalismo vía certificación, vigilada por las Asociaciones del gremio, evitando el coyotaje y el fraude a la sociedad por personas empíricas que dicen contar con conocimientos profesionales sin título y certificación.

Pero…Esto no es nuevo el art. 5º. Constitucional ya contempla que cada Estado determinará que profesiones requieren título para su ejercicio, como y quienes podrán expedirlo, asimismo no se admitirá convenio que la persona pacte renuncia temporal o permanente a ejercer determinada profesión.

Por lo que se colige que esta ley viene torcida y trae la intención de someter a los profesionales a Asociaciones, barras colegiadas de abogados, periodistas y organismos gremiales, para evitar diferendos o disidencias con el Estado so pena de retirarle el libre ejercicio de su profesión.

Para ello obliga a todo profesional a estar afiliado a algún organismo, asimismo establece revisiones a dichos organismos para su certificación. Deja la responsabilidad  a las Asociaciones a sancionar o retirarle la posibilidad de ejercer su profesión vía aplicación de códigos de ética, comisiones de honor y justicia o evaluación de sus miembros por la vía de la certificación.

Lavándose las manos la Federación, en la suspensión de los particulares, pero adjudicándose  la posibilidad de desertificar a los organismos gremiales, una vil camisa de fuerza para sojuzgarles y obligarles a reprimir a sus miembros.

Se pasarán el art 9 constitucional que habla de la libertad de asociación donde no se puede prohibir la asociación con un fin lícito, esta ley ya condiciona esa libertad, los postulantes de este decreto de ley también contravienen el art. 20 de la declaración universal de los derechos humanos signada por México en 1948.

En donde establece que; 1.- toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas y 2.- Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Con esta iniciativa se quieren  vulnerar estos derechos fundamentales restringiendo la libertad de pensamiento contraviniendo también el art. 19 de dicha declaración.

Lo preocupante es que Ernesto Zedillo le haya dado Jurisdicción a la CIDH para intervenir en nuestro país y estemos siguiendo a pie juntillas los dictados del tío SAM, algo que los EU  no ha hecho, la CIDH no tiene ninguna injerencia en sus leyes internas. Pregúntele a los Guatemaltecos como les fue, por firmar irreflexivamente.

Bastará con que los Estados de la república legislen para tal fin dejando la opción a profesionistas de agregarse o manejarse con independencia de las asociaciones. Cumpliendo la ley vigente de ejercer con título y certificarse debidamente. No se puede ni debe obligar a nadie a Asociarse es una aberración.